La Generalitat de Cataluña entiende que el derecho al acceso a la Sociedad de la Información es un derecho elemental que tienen todos los ciudadanos, y asume finalmente que la ‘Xarxa de Telecentres de Catalunya’ es un servicio público, por lo que sufragará el coste que supone tener estos servicios abiertos a las entidades que los están ofreciendo como tales servicios de uso público, sin coste alguno para el ciudadano.